Política

Viaje al sótano de México

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Marta Durán de Huerta.

En mayo del 2014 recibí una amenaza de muerte. En México, hay que tomarlas muy en serio pues ocupamos el primer lugar de periodistas asesinados en el Continente Americano. Tal vez estoy viviendo horas extras y es por eso que me animé a escribir este texto y traérselos personalmente.

En estas páginas ustedes tendrán una versión distinta a la oficial respecto a la situación de México. Nuestros políticos y diplomáticos son muy simpáticos, gentiles y amables cuando se trata de conseguir inversionistas, pero no cuentan la verdad entera. Gracias a que los papás de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos buscaron y hablaron con la prensa, es que el caso salió a la luz y le ha dado la vuelta al mundo. La desaparición forzada de los 43 estudiantes no es un caso aislado, no es un caso local, no es un caso único ni tampoco está cerrado.

El asesinato de 6 personas y la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, no es una excepción, es la regla para todo el país. Es un botón de muestra de lo que sucede todos los días. La gran diferencia a las otras masacres, desapariciones forzadas y demás muestras de desprecio por la vida es que salieron a la luz.

Yo creo que es muy importante que Europa conozca otras versiones de lo que pasa, no solo por la venta de armas a México , que siempre caen en manos equivocadas, sino por las enormes inversiones comerciales que tienen y por los pactos internacionales que ha firmado México y que no cumple.

La visión que se tiene de México en el extranjero, no es la que vivimos los mexicanos. Esto texto lo escribí como socióloga, como mexicana y como periodista amenazada no coincide con el discurso gubernamental y agradezco de antemano la atención.

México pasa por una crisis económica y humanitaria en la que el gobierno tiene una gran responsabilidad.

Según el discurso oficial, las autoridades combaten el crimen organizado que supuestamente es el culpable de todos nuestros males. Sin embargo, hay una clara complicidad entre autoridades y criminales. En algunas regiones no se sabe quién es quién, en otras, simplemente los narcotraficantes son los que mandan, son los que dan las órdenes y incluso son los que cobran las extorsiones como si fueran impuestos.

Según la definición de la Organización de las Naciones Unidas, el crimen organizado contempla 21 delitos entre los que destacan el secuestro, la prostitución forzada, el tráfico de armas, el homicidio, por mencionar los de mayor impacto en la población mexicana. En todos ellos, los funcionarios públicos mexicanos están involucrados.

Los narcotraficantes diversificaron su campo de operaciones. Antes se dedicaban exclusivamente al traspaso de droga a los Estados Unidos, pero desde que él selló su frontera sur después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, los narcos incursionaron en el secuestro, extorsión, contrabando, prostitución forzada, robo de infantes y demás. El crimen organizado, por ejemplo, secuestra a migrantes centroamericanos con la complicidad de las autoridades migratorias mexicanas; extorsiona a todo tipo de comerciantes y profesionistas. En todas las bandas de secuestradores hay policías en activo. Fue un alcalde corrupto, José Luis Abarca, el que dio la orden de desaparecer a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Fueron policías municipales los que los rafaguearon a los estudiantes y a otros civiles; no olvidemos que hubo 6 muertos ese 26 de septiembre de 2014. También fueron policías municipales los que entregaron a los 72 migrantes centroamericanos el 22 de agosto de 2010 a los Zetas quienes los mataron a palos; esto sucedió en Tamaulipas, al noreste de México. Fueron los soldados los que mataron extrajudicialmente a 22 jóvenes en Tlatlaya, Estado de México ( dos horas en coche de distancia de la capital del país) el 30 de junio de 2014 El ejército negó que hubiera sido un ajusticiamiento extrajudicial y la policía torturó a los sobrevivientes para que callaran la verdad . Fue el presidente del Partido Revolucionario Institucional de la Ciudad de México quien regenteaba una red de prostitución; Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre no solo sigue impune sino que sus colaboradores cercanos ocupan puestos clave del PRI en el DF e incluso su mamá será diputada. Es el presidente de la república Enrique Peña Nieto y su círculo íntimo de parientes y amigos quienes se benefician de contratos multimillonarios sin licitación a sus compadres. Sus faraónicas casas mal habidas fueron descubiertas por la prensa. El presidente no se ha enterado que el conflicto de intereses es corrupción en primer grado.

Las explicaciones y declaraciones oficiales sobre todas las masacres y escándalos de corrupción no coinciden con la realidad. Las autoridades, en lugar de hacer investigaciones científicas serias y a fondo, tratan de eximir de responsabilidad a los agentes del Estado que participan en las graves violaciones de los derechos humanos. La masacre de Tlatlaya y los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, son una muestra de que la Guerra Sucia de los años setentas no ha terminado. Policías y soldados hacen el trabajo sucio para el gobierno. además, El crimen organizado está enquistado en el seno del sistema político mexicano. Impunidad y corrupción son hermanos siameses.

La responsabilidad del Estado

Por acción directa u omisión, las autoridades tienen responsabilidad en las masacres y crímenes atroces en los que participan o se cometen en sus narices. Por ejemplo, en la masacre de Acteal, Chiapas en el sur del país (1997) indígenas desarmados fueron asesinados a medio kilómetro de un destacamento militar que se enteró de lo que pasaba porque los gritos y los disparos se oyeron claramente en todo el valle, pero los soldados no intervinieron “porque no tenían órdenes”

Otro caso es el pueblo de Allende, Coahuila, una ciudad en el norte de México donde los Zetas, por una venganza, se llevaron de manera forzada a 300 personas, miembros de 36 familias y de 12 ranchos y después destruyeron sus casas con maquinaria pesada, a la vista de las autoridades. Al único testigo que habló con la prensa, lo mataron. Hasta el momento no hay un solo detenido.

Todo se transforma y cambia en México, cambio la sociedad civil, la economía, el mundo,, pero el núcleo duro del sistema político mexicano no lo hace. El sistema de Estado no se abre, no permite la pluralidad y mucho menos la democratización. No evoluciona, no pasa a otra etapa. Enrique Peña Nieto es un hombre joven, a la moda, que propone la construcción de un tren de alta velocidad, pero la corrupción detrás de él, es la misma, la represión es la misma, la impunidad es la misma, la cerrazón es la misma. Son las mismas familias en el poder desde 1929; son los mismos caciques.

Desigualdad, madre de la pobreza

Al tiempo que la espiral de violencia parece no tener fin, se borraron los límites para la concentración de poder y riqueza en pocas manos, sean privadas o de funcionarios públicos. La descomunal desigualdad material, de derechos y de oportunidades en México, es el origen de la violencia y de muchos otros problemas como la criminalización de los pobres y de la protesta.

La desigualdad en México es inmensa; se ve simple vista y se reproduce en todos los ámbitos de la vida. Son desigualdades de origen colonial, es decir, de la relación amo- esclavo. Aunque México obtuvo su independencia de España en el siglo XIX y tuvo una revolución, las estructuras económicas coloniales permanecen. La Revolución Mexicana quedó inconclusa y acabó con la vieja élite y la sustituyó con una nueva.

Las grandes fortunas en México no se explican como fruto de la innovación sino de la corrupción, de tráfico de influencias, de los conflictos de interés, del despojo.

La pobreza es raíz y resultado. El gobierno no atiene el problema de raíz y ha hecho de los pobres una mina de votos que compra o intercambia por un poco de comida.

La pobreza en sí, es un asunto de Estado, de seguridad nacional y no se debe a la voluntad divina, a la mala suerte o la “pereza” de las personas, es un problema estructural nacido de decisiones políticas tomadas desde el poder.

La insultante riqueza de los funcionarios públicos contrasta con la pobreza de la más de la mitad de los mexicanos.

Los programas de supuesto combate a la pobreza se usan para la compra de votos y son en sí una fuente enorme de negocios ilícitos y de desvío de fondos.

Lo más irónico de todo, es que en tiempo de crisis es cuando aumenta el número de multimillonarios mexicanos, en plena recesión y sin crecimiento económico.

México es un país muy pobre y muy injusto. El gobierno su élite no velan por los intereses de la nación sino por los propios, muy particulares, sobre todo cuando utilizan los fondos públicos para realizar negocios privados.

Existe un monopolio de riqueza, privilegios, poder y movilidad social. Esa élite tiene una posición de fuerza ante el ciudadano inerme.

Tenemos una sociedad que si no es de castas, funciona como si lo fuera. Las marcadas clases sociales son monolíticas. El que nace pobre muere pobre; el que nace rico, lo será toda su vida sin esforzarse en nada.

Esta situación es tan vieja, arraigada y cotidiana que la población no ha podido desarrollar la conciencia de ciudadanía. No tienen derechos y ni siquiera saben que tienen derecho a tener derechos.

La impunidad es un servicio para los ricos

El sociólogo y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Pablo González Casanova afirma que en México, la justicia es una serpiente que solo muerde el pie descalzo. Lo que el investigar y ex rector de la UNAM quiere decir que la ley se aplica de manera selectiva a los enemigos a los débiles e indefensos.

La élite compra su impunidad, la paga caro pero la consigue

La élite política además de corrupta, es ilegítima e incapaz. No tiene un proyecto nacional que incluya a todos los mexicanos, sino su objetivo vender a precio de ganga el país a sus amigos, familiares y así mismos.

No evitaron la catástrofe por la que atraviesa México, no falta de información o recursos sino de ética. Con los índices de pobreza multifactorial, es una contradicción que México esté en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) porque no se ajusta a los estándares de bienestar que la organización busca.

Las autoridades mexicanas manipulan las cifras y engañan abiertamente a los otros países miembros. Presumen una economía floreciente que no existe para la población. La economía mexicana no solo no crea empleos sino que no puede sostener los existentes. No hay crecimiento económico desde hace décadas y cada vez que hay una crisis, ésta es usada para especular y aumentar las riquezas personales

Los esfuerzos de las autoridades no son para resolver los problemas sino para que nada cambie.

La concentración de la riqueza lleva a la polarización social y al crecimiento de la desigualdad. Y como bien señala el doctor en Ciencias Sociales Ricardo Raphael, no solo es una desigualdad económica sino ante el Estado.

La desigualdad ante la ley y desigualdad ante el Estado produce la impunidad. La impunidad es un sistema que protege a unos, los beneficia y desprecia a todos los demás.

Según las investigaciones de Ricardo Raphael, una de las razones por la que las leyes y el Estado no funcionan es que no están al servicio de lo público sino están al servicio de lo privado. Por eso quien tiene dinero para comprar un policía o un ministerio público, un juez, un gobernador, va a obtener beneficios superiores a quien no lo tiene y en ese momento va a construir esferas de impunidad. En otras palabras, el comprar el derecho a no pagar las consecuencias de sus actos es impunidad.

La impunidad y la desigualdad van de la mano y claramente eso está ligado con la corrupción porque comprar impunidad cuesta mucho dinero, en México y en cualquier lado.

Los negocios bien habidos y legales construidos a lo largo del tiempo no dan tanto dinero como para poder comprar impunidad. Los que pueden comprar impunidad se mueven en la ilegalidad ( crimen organizado con tráfico de armas, de personas, de drogas, etcétera) o conectan una manguera a sus bolsillos por la que fluyen los fondos públicos y se chupan el dinero del erario y con eso financian la impunidad abonando en la asimetría y la desigualdad.

Todo esto junto nos lleva a afirmar que no hay un problema sino un sistema de problemas: impunidad, desigualdad, corrupción. Además, la élite en el poder no tiene ni empacho ni vergüenza en exhibir sus riquezas. La ostentación es parte central de ese régimen.

México es el paraíso de la impunidad. La justicia se compra y hay toda una maquinaria perfectamente aceitada que impide que los agentes del Estado sean llevados a juicio y castigados a pesar de que en muchos casos se cuente con todas las pruebas y evidencias de su culpabilidad. Y por eso no es casualidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un club de amigos de presidente, y que el ejecutivo designe con su dedo al procurador de justicia, al Secretario de la Defensa, a los jueces, al Secretario de Seguridad Pública. Se trata de una maquinaria de protección mutua e intercambio de favores.

El regreso del PRI, astuto enemigo de la democracia

En el año 2000 el Partido de la Revolución Institucional (PRI) que había gobernado México por más de setenta años, perdió las elecciones. Fue tanto el descontento popular hacia el PRI, que éste se vio imposibilitado a hacer fraude electoral como lo había hecho a lo largo del siglo XX. Después de doce años de gobierno del derechista Partido Acción Nacional (PAN) todos los problemas empeoraron. Nuevamente, en 2012, por la vía del fraude electoral, el PRI regresó al poder y desde el 2012 ha roto rompieron todos los récords en violaciones a los derechos humanos. Según las cifras oficiales, hay 28 mil desaparecidos, 130 mil muertos, no hay cifras sobre los presos políticos o de las fosas clandestinas llenas de cadáveres.

En promedio 13 hay desapariciones forzadas por día, al año 15 mil 722. Sobre los migrantes centroamericanos no hay cifras sobre sus muertes, secuestros o desapariciones.

México siempre ha tenido abundancia de carencias y los contrastes sociales ofenden.

La supuesta transición a la democracia no llevó al cambio prometido sino que reafirmó muchos de los males del pasado.

En México es la política, no la economía quien determina la distribución de la riqueza

En el año 2000 tuvimos una transición pacífica de la derecha príista a la derecha panista que afianzaron los monopolios privados y la privatización de tareas públicas dando como resultado la paulatina pérdida del sentido de la función pública. El proyecto de las políticas neoliberales es actualmente, desmantelar el Estado y las instituciones.

La democracia es un show, no es lo que vivimos

Concentración de poder, de riqueza y de toma de decisiones

El doctor Lorenzo Meyer, politólogo e historiador, tiene toda la razón cuando afirma que las políticas que afectan a tantos son decididas por unos pocos y a ellos no les importan las consecuencias que puedan tener, total, los sacrificados son otros. La población obedece y padece.

La catástrofe humanitaria por la que pasa nuestro país es consecuencia de una inmensa corrupción, de la insultante concentración de la riqueza del país en pocas manos, del despojo, del abuso de poder y de la cotidiana y sistemática violación de los derechos humanos efectuados desde el poder.

Hay miles de prácticas y costumbres en la política no escritas como el que los fondos públicos sean usados para hacer negocios privados. Las leyes que legalizan el despojo se hacen en total opacidad, a espaldas de los ciudadanos.

Los poderes fácticos

Los poderes fácticos son criaturas del PRI. Son el verdadero poder detrás del trono. Nadie votó por ellos y son quienes mandan en el país. Hay poderes fácticos legales e ilegales. Como ejemplo tenemos la Iglesia, el duopolio de la televisión privada, a Carlos Slim, el hombre más rico del mundo. Por el lado de los ilegales está el Cartel de Sinaloa, a los Zetas, a los Caballeros Templarios que son quienes controlan enormes regiones de México.

Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa compartía en la revista Forbes, lugar entre los hombres más ricos del mundo junto con Carlos Slim

¿Qué mensaje es ese? Era la clara muestra de dos personajes que mandan en México: uno domina la economía legal y otro la ilegal.

Si los monopolios, los poderes fácticos, el narcotráfico terminan por imponerse el resultado es el envilecimiento y la ineficiencia de la vida pública. La corrupción produce debilidad institucional y ésta a la ingobernabilidad; muestra de esto es la guerra entre y contra los narcotraficantes que ha dejado 150 mil muertos.

El progreso industrial sin justicia social, solo agrava los problemas políticos

El neoliberalismo autoritario con irresponsabilidad económica, corrupción, capitalismo de compadres. Es mentira que la riqueza se contagie.

La impunidad fue y es la característica central del régimen autoritario príista

El autoritarismo

El analista político, Lorenzo Meyer llegó a la conclusión de que durante décadas, el autoritarismo mexicano además de longevo fue muy eficiente al darle a México, en la primera mitad del siglo XX, estabilidad y desarrollo económico, pero desde la década de los ochentas empezó a desgastarse al tal grado que ahora no solo no impulsa el desarrollo y sino que es fuente de inestabilidad. El autoritarismo fue eficiente mientras ofreció empleo, crecimiento económico y la promesa de una vida mejor. Eso ya no puede ni prometerlo.

El autoritarismo primero cooptaba a la oposición; al que no se vendía lo encarcelaba y como último recurso lo mataba. Los tiempos de la pax mafiosa, del pacto entre caballeros entre el crimen organizado y la élite autoritaria y corrupta está en el pasado.

Como antaño, el poder en México no se comparte. Hay un show de democracia. No se dejen engañar. Lo que ven, no es.

No se toca el dinero del narco

El gobierno central y los gobiernos estatales solaparon y se beneficiaron del narcotráfico por eso nunca lo combatieron en serio, ni a fondo. Nunca se ha atacado el lavado de dinero, nunca se han fiscalizados a las empresas legales e ilegales que lavan dinero del crimen organizado.

La opción militar para supuestamente combatir el narcotráfico del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) fracasó rotundamente; fue un buen negocio para los fabricantes de armas y sumió al país en una baño de sangre.

Estados Unidos tiene 30 millones de consumidores, es una demanda inmensa de narcóticos y nadie quiere perder ese mercado, sobre todo cuando México dejó de ser un simple puente y se convirtió en el principal productor y exportador de heroína, drogas sintéticas y mariguana.

Cada vez que se captura a un pez gordo de la delincuencia organizada se celebra como un gran triunfo, que en verdad lo es; lo malo es que la estructura criminal queda intacta y funcionando. Esto lo ha documentado y denunciado el periodista José Reveles. El lugar del capo, es ocupado inmediatamente por un relevo que se tiene destinado previamente. En algunos casos, como el del cártel de los Beltrán Leyva, cada vez que se capturaba un jefe, la organización se divide y se subdivide en medio de feroces combates por las rutas y los mercados; la población civil quedó atrapada en el fuego cruzado. Las autoridades en estos casos, brillan por su ausencia. En el mejor de los casos, son testigos mudos de las batallas, en otros, participan en las balaceras del lado de un cartel o de otro.

Cuando el crimen organizado suple al Estado

El crimen organizado ha penetrado todas las estructuras gubernamentales, los aparatos de seguridad, gubernaturas, policías, ejército, oficinas, etcétera. Algunos analistas como el investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia experto en crimen organizado transnacional, consideran que los vacíos de poder que dejó el Estado fueron ocupados por el crimen organizado, sin embargo hay otra versión menos optimista que no ve ningún vacío de poder, por el contrario, afirman que el Estado y el crimen organizado son la misma cosa. Regiones enteras del norte de México desde siempre han sido gobernadas por el narco disfrazado de poder legítimo.

En un Estado de Derecho, las instituciones funcionan, pero en México no. Hay años luz de distancia entre las leyes y la realidad, entre el discurso y la praxis política.

Según el análisis titulado México and the Failed State Revisited 6 abril 2010 firmado por George Friedman, una tercera parte del territorio mexicano está en manos del crimen organizado. Dicho informe afirma que si no se recobra el control de esas zonas no es por falta de recursos sino porque va en contra de los intereses de los políticos corruptos.

En la primera semana de marzo del 2015 el subprocurador general de Estados Unidos, Kenneth Blanco, reveló que las organizaciones criminales “lavan” alrededor de 29 mil millones de dólares cada año entre México y Estados Unidos.

El narco siempre estuvo solapado por el poder político, pero se les fue de las manos y logró imponer sus propias reglas. Buscaglia desde hace años insiste en que hay que imponer controles patrimoniales de lavado de dinero y la extinción de dominio de empresas legales e ilegales que laven dinero del crimen organizado. Si no se les quita el dinero, no hay posibilidad de meter en cintura a los criminales. Es imposible acabar definitivamente con el crimen organizado, pero sí se puede aspirar a tenerlos a raya, a meterlos en cintura. Eso sólo lo puede lograr un Estado fuerte, democrático, ético y con vocación de servicio, no de servirse.

La máscara democrática: el Leviatán mexicano

El poder en México no viene de los votos; ellos son una formalidad para fingir que México es una democracia. Las elecciones han sido siempre un muestrario de prácticas ilegales.

La compra de votos, el financiamiento ilegal de las campañas, incluso por el crimen organizado, despoja de toda legitimidad y de sentido las elecciones, pero es muy importante dar la imagen al extranjero de que México es una república democrática.

En los estados se consolidaron verdaderos feudos donde los gobernadores sátrapas se niegan a rendir cuentas. Son miembros de poderosos clanes que se pasan los puestos claves y los millonarios contratos entre ellos y de generación en generación. Los padres, los hijos, los nietos se vuelven gobernadores; los hermanos y compadres están en puestos claves que les permiten hacer negocios espectaculares o simplemente desvían los fondos públicos. Por ejemplo, el gobernador (PRI) Humberto Moreira en Coahuila, dejó una deuda de 30 mil millones de pesos. Moreira dejó la gobernatura no para enfrentar la justicia sino para aspirar a un puesto más alto como presidente del PRI. En el puesto de gobernador dejó a su hermano Rubén Moreira. La lista de gobernadores ladrones, lavadores de dinero del narco y además asesinos, es enrome.

Democratización que no avanza, retrocede

El PRI estableció el sistema autoritario más exitoso y longevo del siglo XX y que fueron las sucesivas crisis ( 1968-1971-1976-1982-1988-1994-1995) las que lo mermaron, pero la derecha impidió la democratización efectiva. En el año 2000, sostiene el doctor Meyer, la derecha príista fue sustituida por una derecha panista que resultaron ser hermanas gemelas con los mismos intereses económicos y políticos: preservar el estatu quo. La oportunidad de democratizar el país fue tirada a la basura.

El Partido Acción Nacional (PAN) en especial su candidato presidencial Vicente Fox, prometió combatir a las diversas mafias que operaban para el PRI, pero cuando llegó a la presidencia, se alió con ellas. El PAN criticó al corporativismo hasta que se benefició de él.

Los poderes no se hacen contrapeso sino que se protegen los unos a los otros.

La derecha es la que pone más obstáculos al cambio social porque no quiere perder sus privilegios. Los partidos políticos están divorciados de la sociedad.

Según el sociólogo norteamericano Charles Writhgt Mills, la consolidación de la unión de las minorías privilegiadas termina por vaciar de contenido la democracia política.

La excesiva concentración de recursos en manos privadas se convierte en una amenaza a la libertad, a la democracia a los derechos sociales adquiridos. El Estado debe defender al ciudadano del capital, de los criminales, de las catástrofes naturales. Según la ciencia política clásica, el Estado debe proteger a los ciudadanos y sus bienes. En México, ni lo uno ni lo otro.

¿Tenemos un Estado pobre, inútil y corrupto a merced de los poderes fácticos legales e ilegales?

Los políticos han destacado por su irresponsabilidad, incompetencia y corrupción

Solo la debilidad y la corrupción institucional explican la existencia de monopolios fuera de la ley. El doctor Meyer sostiene que el equilibrio solo es posible dentro de un Estado fuerte y democrático, pero en México hay mucho poderes fácticos detrás del trono. De hecho tenemos dos estructuras de poder, una formal y una real. Si el Estado es débil, el ciudadano lo es aún más sentencia el experto.

En el caso de México el Estado no tiene la fuerza ni la voluntad de asegurar a sus ciudadanos; el exilio es la única solución y eso lo constatan los más de veinte millones de mexicanos que viven ( con documentos migratorios o sin ellos) en Estados Unidos.

Los partidos políticos están hinchados de dinero público, naufragan en un mar de ilegitimidad proveniente de su ineficacia, alto costo y falta de representatividad. Los poderes fácticos y no la presidencia son los que definen el régimen y no tienen empacho alguno en abusar de la violencia. La policía, el ejército y la marina, es decir el legítimo monopolio de la violencia, es guardián de la élite no de la ciudadanía. William Ralph Inge escribió: nadie puede construirse un trono de bayonetas

La politóloga Denisse Dresser, respecto a la participación de nuevos partidos políticos en las elecciones afirma: Hay más jugadores pero las reglas y el juego sigue siendo el mismo

Los partidos son oligarquías que se representan a ellas mismas. Su principal preocupación es mantener sus feudos, sus gubernaturas, curules, presupuesto. Sin justicia social no hay una democracia real y los movimientos que no pueden ser coptados, son reprimidos.

Las relaciones familiares y de amistad están por encima de las instituciones, sobre todo a la hora del reparto de puestos claves

No hay rendición de cuentas, ni respeto al voto

México es el paraíso de la opacidad. Según el índice de Transparencia Internacional es uno de los países más corruptos del mundo. Los culpables y beneficiarios del ocultamiento de datos son los políticos, la élite en el poder. Como no hay contrapesos reales y la televisión privada está de su lado, es apenas un detalle, una anécdota el que el equipo de investigación periodística de Carmen Aristegui sacara a la luz que la Primera Dama Angélica Rivera había comprado una casa de más de 7 millones de dólares a Grupo Higa, uno de los contratistas más favorecidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México (2006-2012) y ahora en la presidencia con mayor razón. Los amigos cercanos como Luis Videgaray actual Secretario de Hacienda, también posee casas valuadas en varios millones de dólares y cuya procedencia no puede ni quiere aclarar.

Los ataques a la prensa

Desde el año 2000, la organización no gubernamental Article 19 ha contabilizado 81 periodistas asesinados. No se trata de una bala perdida en una batalla sino de asesinatos selectivos, que por un lado se deshacen de reportero molesto sino que mandan a todo el gremio el macabro mensaje: “el que no se calle, es hombre muerto”.

Los reporteros en provincia son los más desprotegidos. En muchos casos los responsables de los asesinatos son los políticos locales, los caciques, diputados gobernadores mas que el crimen organizado.

Hay varios casos de periodistas asesinados en la cabina de radio donde el público oyó los disparos, granadas en la redacción, ráfagas de metralla a las puertas y ventanas.

El Me3canismo de Protección de Periodistas y la Fiscalía Especial para Crímenes en Contra de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos no son una garantía de protección ni siquiera de que el culpable recibirá castigo.

Con mucha sangre, con mucho esfuerzo, la prensa ha conseguido un grado de pluralidad que antes no se había visto. Internet y las nuevas tecnologías han ayudado a romper el cerco de censura que durante las décadas doradas del partido de Estado PRI, era la norma.

Las organizaciones no gubernamentales también crecen a gran velocidad ejerciendo presión sobre el gobierno, en especial los grupos defensores de derechos humanos, que han sido víctimas de persecuciones y todo tipo de ataques, asesinatos, prisión y exilio.

El gobierno en especial en los estados, es muy duro con quienes critican a la prensa y generoso con quien lo adula. La publicidad oficial, frecuencias de radio, o de televisión son pagos indirectos de la fidelidad y la docilidad.

La televisión privada es uno de los factores más negativos en México. A los políticos, la televisión le da la“legitimidad” que no consiguió con los votos.

Se usa toda la fuerza del Estado en contra de los periodistas “molestos” como es el caso de Lidia Cacho, Jesús Lemus, Pedro Canché, por mencionar los casos más conocidos.

Los periodistas o activistas sociales que han denunciado la corrupción o abuso de poder, son perseguidos, encarcelados, torturados o víctimas de desaparición forzada; no solo ellos sino sus familias también. Por ejemplo en lo que va del gobierno de Javier Duarte en Veracruz once periodistas han sido asesinados en la entidad.

El gobierno y los derechos humanos

Diversas organizaciones mexicanas e internacionales defensoras de los derechos humanos han denunciado desde hace décadas la constante y sistemática violación a los derechos humanos por parte de todas las instancias del gobierno mexicano a nivel federal, estatal y municipal.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue creado por el presidente Carlos Salinas de Gortari como un accesorio cosmético pues el ejecutivo nunca tomó en serio los derechos humanos. Su discurso fue políticamente correcto, pero la realidad era una muy distinta.

Desde el inicio CNDH ha tuvo la agenda de otros poderes y no la defensa de los derechos humanos como lo ha demostrado en innumerables ocasiones. La CNDH ha tenido un fracaso crónico por la falta de voluntad política a pesar de tener un gran presupuesto.

Parafraseando al doctor Lorenzo Meyer, la CNDH es una suma de debilidades deliberadas con “poco ruido y pocas nueces”. Son las organizaciones no gubernamentales las que han dado la gran batalla por la defensa de los derechos humanos y son sus activistas los que han sufrido acoso, represión, cárcel, asesinatos exilio o desaparición forzada, sobre todo los defensores indígenas.

Loa acuerdos firmados y nunca cumplidos

El gobierno de México firma todos los acuerdos y por haber. Así como ha signado todos los acuerdos de libre comercio que existen, lo ha hecho e incluso promovidos con los de la defensa de los derechos humanos, laborales, de protección del ambiente, de la infancia, de las mujeres, etcétera. México ha firmado 2 08 convenios internacionales pero no los pone en práctica. (Véase la lista completa en http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html)

Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte en los que se reconocen derechos humanos)

En la primera semana de marzo de 2015, Juan Méndez, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas en contra de la tortura, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes entregó un informe en el que afirma:

 “La tortura y los malos tratos son generalizados en México”

Eso es algo que cualquier mexicano sabe o ha sufrido en carne propia, y que vergüenza que la ONU lo haga oficial. Además el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, ubicó a México entre una treintena de países en los que con mayor frecuencia se comenten violaciones a derechos humanos.

En el informe difundido en Ginebra, Suiza, sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Ra’ad Al Hussein se refirió a México como “un cruel ejemplo de cómo la violencia criminal puede amenazar ganancias democráticas logradas con esfuerzo ”.

Asimismo, afirmó que “la desaparición de 43 estudiantes en Iguala está lejos de ser un caso aislado, pero desafía a las autoridades a que tomen acciones decisivas para acabar con la impunidad y evitar estos crímenes en el futuro”

El gobierno de México ha invertido millones de pesos para crear, a través de empresas de relaciones públicas, una imagen idealizada de nuestro país para atraer inversionistas extranjeros. Por supuesto que no se le dice a los inversionistas toda la verdad y muchos de ellos terminan pagando extorsiones al crimen organizado, además siempre está el peligro latente de un secuestro.

Los trágicos eventos del 2014 y los que van del 2015 como masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, escándalos de corrupción, y un largo etcétera, dejaron en entredicho la imagen idílica de del país. Las organizaciones internaciones de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y ahora la ONU, reconocen que el caso de la desaparición de los 43 estudiantes en Guerrero, no es un caso aislado sino un botón de muestra de una práctica sistemática

Peor aún, México no ha reconocido la competencia de la CED para recibir quejas individuales e interestatales, tal como lo ordenan los artículos 31 y 32 de la Convención para la Protección de Todas las Personas en Contra de las Desapariciones Forzadas.

Falta información estadística precisa sobre los desaparecidos y urge un registro único a escala nacional donde estén incluidos los migrantes así como un banco de información de ADN

Dar armas a las policías municipales es darle más poder de fuego al crimen organizado.

A lo largo de este ensayo se ha subrayado desdén por las leyes mexicanas y por los acuerdos internacionales. Tenemos un botón de muestra. La fábrica alemana Heckler y Koch vendió 10 mil rifles de asalto G36 a México. Hubo una condición, la prohibición clara y explícita de que esas armas tan potentes y mortíferas llegaran a cuatro estados marcados por la violencia: Jalisco, Chihuahua, Guerrero y Chiapas ( tierra de paramilitares culpables de diversas masacres). El gobierno mexicano se comprometió pero los rifles llegaron directo a donde no debían.

Los militares de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y los técnicos de fábrica Heckler y Koch llevaron personalmente los rifles a las regiones en veto. Los expertos de H&H incluso dieron cursos en Jalisco. Ya salió a la luz, que los mortíferos G36 fueron utilizados en el asesinato de dos estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011 y que fueron utilizados el 26 de septiembre en contra de los estudiantes de Ayotzinapa. El 26 de septiembre del 2014 fueron asesinadas 6 personas, 17 resultaron heridos y hay 43 desaparecidos. Los camiones en los que viajaban los estudiantes fueron rafagueados con el G36. La evidencia son los casquillos percutidos encontrados en el lugar, las balas extraídas a los heridos coinciden con las balas y el calibre del G36, según el informe que la Procuraduría del Estado de Guerrero entregó a la Procuraduría General de la República.

Lo que quedó claro en este asunto, es que no se puede confiar en el gobierno mexicano pues no cumple su palabra.

Está en suspenso el Acuerdo de Seguridad entre México y Alemania donde el primero recibiría armas, tecnología y entrenamiento para la policía y el ejército. Dar armas a las policías municipales es darle más poder de fuego al crimen organizado.

Si se da entrenamiento a la policía y a los militares mexicanos, no se tendrá certeza del mal uso que se pueda hacer de esos conocimientos y habilidades. Ya sucedió una vez, que al término del entrenamiento a una unidad de élite del ejército, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales ( GAFES) Todos ellos desertaron y trabajaron a las órdenes del Cártel del Golfo y luego se independizaron para convertirse en los temidos Zetas.

Con esos antecedentes, los integrantes de la Coalición Latinoamericana por Ayotzinapa (CLA) y la Coordinadora Independencia (CI) pidieron a las senadoras demócratas por California, Barbara Boxer y Dianne Feinstein, solicitar la suspensión de ayuda militar de Estados Unidos a México.

En resumen

Tal parece que la intención de la élite gobernante es desmantelar el Estado, imponer las reformas privatizadoras y excluyentes pasando por encima de los derechos humanos, de los acuerdos internacionales y usando la violencia sin ningún recato.

El crimen organizado es quien manda en grandes extensiones del país y reitera su desprecio absoluto por la vida.

La corrupción, la desigualdad y la impunidad no se combaten, no por falta de medios sino de voluntad política. No se respetan las leyes nacionales, mucho menos los acuerdos internacionales. Además, el discurso oficial mexicano no refleja la realidad.

¿Hay esperanza?

A pesar del negro panorama, hay esperanza pues la indignación está México está creciendo día a día. Los movimientos sociales y de defensa de los derechos humanos llenan las calles, organizan todo tipo de protestas pacificas, además de muchas iniciativas democratizadoras.

No toda la prensa está bajo el control o el servicio del gobierno y gracias a ella los casos de corrupción y abuso de poder salen a la luz. La sociedad civil ya sabe quién es quién.

Hay conciencia plena sobre la corrupción y cada vez son más los que se indignan, se oponen y la combaten. Algunos sectores de la sociedad civil se organizan para exigir transparencia en el manejo de las finanzas públicas. Para que la élite en el poder se vea obligada a rendir cuentas y deje de tratar al país como si fuera su finca privada.

Urge un sistema anticorrupción, pero independiente, lejos de la voluntad presidencia y que sea realmente efectivo

Los ricos y poderoso nos restriegan cada día su desprecio por el esfuerzo, su asco por los que viven de su salario. Ellos que están acostumbrados a robar o a hacer negocios sucios e hincharse de dinero, deben ser llevados ante la justicia.

La democracia, está para combatir los fueros y los privilegios de esta élite parasitaria y que lo un ciudadano gane y logre, no tenga que ver con herencias, tráfico de influencias, o conflicto de interés ni mucho menos con la corrupción.

Ricardo Raphael tiene razón al afirmar que la democracia coloca la cultura del esfuerzo en el corazón. La democracia es el régimen que protege la cultura del esfuerzo y debe también llevar la tan anhelada justicia social.

Peticiones a Europa

Hay esperanzas rescatar al país y La Unión Europea puede ayudarnos con varias cosas que son muy sencillas. La primera es pedirle a México que cumpla todos los acuerdos que ha firmado. La segunda es no venderle o regalarle armas ya que la mayor parte de las policías trabajan codo a codo con el crimen organizado: Tanto soldados como marinos son campeones violadores de los derechos humanos. La tercera cosa, es hacer llegar a la sociedad mexicana una copia de los acuerdos firmados con México para comparar y cerciorarnos de que estamos hablando de las mismas cosas y poder exigir a nuestras autoridades su cumplimiento cabal.

Por último, que se tome en serio la cláusula democrática estipulada en el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.